Agenda afirmativa No. 11 Año 2 Marzo/abril 2000

Editorial 

En evidente que la mera aparición de las mujeres en el oficio público no garantiza un cambio en la cultura política, sin embargo, una vez que las mujeres consiguen un porcentaje significativo en los parlamentos o congresos empiezan a tener un impacto sobre el proceso político y legislativo. Estudiosas del caso noruego nos comentan que una vez que se rebasa el 15% en representación femenina comienza a hacerse la diferencia.

Esta premisa se constata, en cierta forma, al hacerse un balance de la LVII legislatura de la Cámara de Diputados, que con una presencia femenina del 17% hizo la diferencia en relación con anteriores. En esta legislatura se creó la Comisión de Equidad y Género en el Congreso, inicialmente sin la posibilidad de dictaminar por su carácter de especial, pero ahora con los atributos de las demás comisiones ordinarias cambió la situación. Asimismo se crearon comisiones similares en 22 de los 32 estados de la República: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durando, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

No obstante, a pesar del arduo trabajo realizado por las diputadas los avances son aún incipientes. El balance que realizaron las diputadas en la Segunda Reunión Bicameral del Parlamento de las Mujeres en México es poco alentador.

Un dato a reflexionar es que en la actual legislatura se presentaron 29 de las 36 iniciativas de ley que con perspectiva de género ingresaron a la Cámara de Diputados en la última década. De éstas 29 sólo la iniciativa de ley que previene y sanciona la violencia familiar tuvo el consenso necesario para ser aprobada. Este exiguo avance no se debe a la falta de propuestas, sino a la poca voluntad política de la mayoría de los legisladores varones, y a una política partidista que sigue tratando con desdén el problema de la desigualdad genérica en nuestro país.

La anterior problemática no se agota en el espacio legislativo, es de llamar la atención ve cómo la mayoría de los partidos políticos no cumplen a cabalidad la norma prevista por el Código Federal de Procedimientos Electorales, es decir, postular 70% de candidatitas del mismo género, ésta es una prescripción que todavía no cobra vigencia en la cultura política nacional. La falta de cumplimiento a esta norma es grave si se considera que de cara a las próximas elecciones existen estados del país, como San Luis Potosí donde ningún partido político postuló a candidatas mujeres en calidad de propietarias.

Ante este panorama es significativo que Elena Tapia y Ana María Hernández, ambas fundadoras de este Consorcio, hayan sido postuladas por el PCD y el PRD respectivamente, en el marco de la Alianza por la Ciudad, como candidatas de Diversa a puestos de elección popular. Les deseamos mucha suerte en la contienda. Estamos seguras de que ambas sabrán cumplir con el compromiso que tienen con las causas del movimiento que también son las causas de la Nación.