Agenda afirmativa No. 11 Año 2 Marzo/abril 2000

Baja California: ¿Y los quince años de Paulina?

Nadie debe estar por encima de la ley

Rebeca Maltos

La historia de Paulina, la forma de tratarla y la solución impuesta, nos muestra un asunto trágico, cuyas secuelas es difícil de presidir en el proyecto de vida de una joven adolescente de 14 años y sus familiares.

El 31 de julio de 1999 Paulina fue víctima de una violenta y absurda violación de la cual quedó embarazada y solicitó al Ministerio Público la interrupción médica del embarazo, el cual resuelve favorablemente con fundamento en el artículo 136 Fracción II del Código Penal de Baja California, el 3 de septiembre.

 Se inició el viacrucis de Paulina. Un reiterado de visitas y gestiones ante las propias autoridades de Salud, del Ministerio Público y el propio Procurador de Justicia del Estado; trámites que culminaron con dos ingresos de Paulina al Hospital General; la tortura emocional de mujeres de Pro-Vida que la visitaron en el hospital para persuadirla; el llevar ante la madre de la menor al propio procurador con un sacerdote, para persuadirla del ejercicio de su derecho violando la confidencialidad. La presión para el desistimiento de su derecho a interrumpir su embarazo el 14 de octubre de 1999, producto de una serie de actos, que viciaron la libre voluntad de los otorgantes.

 La actuación de las autoridades se caracterizó por la falta de sensibilidad, cuidado, prudencia y profesionalismo. Desde el 8 de septiembre de 1999 tuvieron conocimiento de problema y es hasta principios de octubre cuando ingresa por vez primera al Hospital General de Mexicali, para la realización de la interrupción médica del embarazo.

 La menor estuvo internada la primera semana de octubre de 1999, sin que se le practicara la interrupción del embarazo, encontrándose en el expediente clínico solo excusas de tipo burocrático, relativas a la falta de anestesista, la inasistencia por vacaciones del médico adscrito o el diferimento del caso para discutir la decisión correspondiente. Pero ninguna razón o explicación médica.

 Respecto a la segunda internación registrada del 13 al 15 de octubre, la interrupción del embarazo formalmente no se práctico, en virtud del dolo y violencia que inhibió su libertad de decisión.

 Los funcionarios públicos participantes en el caso de la menor Paulina y sus familiares, simularon cumplir con la ley aparentando respetar el ejercicio de un derecho de las víctimas a interrumpir el embarazo, pero en realidad sus conductas reflejaron un interés opuesto.

 El problema central de paulina estuvo dominado por las preferencias religiosas e ideológicas de los funcionarios involucrados, ideas que se caracteriza por un rechazo contra toda decisión que conlleve a la interrupción del embarazo, creencias respetables pero de naturaleza subjetiva y personales que no deben imponerse a quienes tienen concepciones diferentes salvo que con ello se vulnere la libertad, intimidad y dignidad de las víctimas, valores esenciales de los derechos humanos.

 Por todo lo anterior el disentimieto formulado por la víctima el 14 de octubre, de no ejercer su derecho a interrumpir el embarazo de la menor, fue producto de una falta de información objetiva, imparcial, al no apegarse a las regulaciones sobre el Consentimiento Informado, servicios de planificación familiar, así como la presión de interferencias, coerción y manipulación, de manera que su consentimiento no fue una decisión deliberadamente autónoma y consciente, por lo tanto es de considerarse que se violaron sus derechos humanos de salud, información, libertad, dignidad, intimidad, confidencialidad, legalidad, fundamentación y competencia.

 El 3 de marzo del año 2000 la Procuraduría de Derechos Humanos emitió la recomendación 2/2000, en donde se establecen y fundamentan las violaciones a los derechos humanos de la menor Paulina y se emiten cinco recomendaciones:

  1. Indemnización a la víctima por daño moral.
  2. Formar un Fideicomiso que garantice el derecho a la atención de la salud, vivienda, educación, vestido y todos los cuidados de la menor Paulina y de su hijo (a).
  3. Se inicie un procedimiento administrativo y/o penal y se determine la responsabilidad de los funcionarios (as) involucrados: Juan Manuel Salazar Pimentel, Procurador General de Justicia del Estado; Dr. Carlos Astorga Othón, Director de Isesalud; Dr. Ismael Avila Iñiguez, Director del Hospital General; Lic. Juan Manuel García Montaño, Subprocurador de Zona; Norma Alicia Velázquez, Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar.
  4. Liquidar a la brevedad por concepto de daños y prejuicios a la menor y sus familiares por los gastos que sufragaron.
  5. Se organice en el Sistema Estatal de Salud, cursos de capacitación de Ética Médica, Derecho Sanitario y Derechos Humanos a los trabajadores de Salud y el Ministerio Público.

 El 13 de marzo el Secretario General de Gobierno de Baja California, da respuesta a las Recomendación 2/2000 de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), y no aceptan las recomendaciones… mencionando que la menor se desistió por su propia voluntad, sin manifestar los hechos ampliamente demostrados en el expediente, en donde se manifiesta el contubernio de funcionarios públicos.

Con la finalidad de manifestar nuestra inconformidad por la respuesta del gobernador de Baja California a la recomendación 2/2000, denuncia que se hizo llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, exigimos que la respuesta sea acorde a las recomendaciones emitidas y se haga justicia ya que indigna que el eslabón más débil de la sociedad: mujer, menor y pobre haya sido tratada de esta manera por las autoridades que deberían de protegerla.