Agenda afirmativa No. 5
Abril de 1999

Foro internacional de parlamentarios para revisar Cairo +5[1]

El pasado mes de febrero se reunieron en La Haya, Holanda, un grupo de parlamentarios de 103 países para hacer una revisión de la puesta en práctica del Programa de Acción de la CIPD, Foro del que se desprendió y aprobó la «Declaración de La Haya».

En este documento se reafirma el Programa de Acción de la CIPD, sus principios y su relación con temas como seguridad alimentaria y el medio ambiente, así como salud y derechos reproductivos. De igual manera los parlamentarios siguen solicitando a los gobiernos poner en práctica las recomendaciones de dicho programa en armonía con la sociedad civil.

Exigen también dar prioridad a los temas de población y salud reproductiva en las agendas de las reuniones de Jefes de Estado. Al mismo tiempo reconocen que se ha logrado cierto avance en áreas claves mediante la asignación de mayores recursos, formulación de políticas y revisión de programas.

En el tema específico de Género y Población, los parlamentarios firmantes se comprometieron a «renovar las barreras legales, sociales y culturales que impiden una plena participación social a las mujeres, incluyendo su participación en el diseño de políticas. […] Apoyamos todos los esfuerzos de legislación, formulación de políticas, implementación y asignación de recursos para empoderar a las mujeres, a fin de logren una mayor igualdad y equidad, y se prevenga asimismo la violencia contra las mujeres, incluyendo prácticas lesivas como la mutilación genital».

Resultados del parlamento de mujeres: iniciativas con perspectiva de género

El pasado 8 de abril, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados presentó ante el H. Congreso de la Unión, tres iniciativas con enfoque de género, mismas que surgieron del trabajo de diversas mesas del Parlamento de Mujeres de 1998.

La primera de ellas, presentada por Alma Vocovich Seel, propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Agraria, de manera tal que se den soluciones a los problemas de la mujer rural. El decreto marca reformar los artículos 4, 13, 14, 15, 17, 37, 38, 41, 105, 108 y 110, así como adicionar con un párrafo los artículos 17 y 71 de la citada Ley. De esto destaca el uso del lenguaje con perspectiva de género; ejidatarias y ejidatarios, mexicanas y mexicanos, avecinadas y avecinados, heredera y heredero.

La segunda, presentada por María Elena Cruz, se refiere a reformar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 22, 51, 56, 59, 63, 110, 132, 133, 135, 153, 154, 159, 164, 170 y 995, así como adicionar los artículos 3 Bis, 5, 51, 51 Bis, 74, 132, 134, 135, 153-I, 153-Q, 164-A, 164-B, 164-C, 164-D, 166 y 170, todos los de la Ley Federal del Trabajo.

Esta iniciativa pretende «asegurar el acceso equitativo de las mujeres al trabajo productivo, al empleo, a la capacitación y al adiestramiento, en igualdad de condiciones y oportunidades con el varón». Asimismo la aprobación de esta propuesta coadyuvaría al cumplimiento de las normas laborales para evitar la discriminación por sexo, edad, estado civil y por gravidez. Esta iniciativa es, entonces, parte de una agenda legislativa nacional para eliminar toda forma de discriminación de género.

Por último, Sara Esthela Velázquez presentó una Iniciativa que reforma el artículo 3 de la Constitución Política, quedando de la siguiente manera:

Artículo 3:

La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, y una cultura de respeto mutuo en la convivencia de los géneros.



[1] Fuente: Boletín del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo. Volumen 18, no. 1. Enero-marzo, 1999. Presentado por el diputado Rubén Fernández Aceves, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados.