Agenda afirmativa No. 8
Octubre-agosto de 1999

DESDE LAS CÁMARAS

Reformas a la ley contra la corrupción sexual de menores y la pornografía infantil

El 26 de octubre la Senadora Laura Pavón presentó el dictamen para aumentar las penas al delito de corrupción de menores. Las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD aprobaron por unanimidad en el Senado de la República las reformas legislativas que tipifican como delito grave y de carácter federal la corrupción sexual de menores de 18 años y la pornografía infantil.

Las modificaciones y adiciones al Código Federal Penal y al Código Federal de Procedimientos Penales consideran también como delito inducir a la mendicidad.

Los puntos centrales de la reforma son los siguientes:

  • Ø Elevar a18 años la edad del menor sujeto al delito de corrupción sexual;
  • Ø Se contempla un nuevo ilícito: fomentar la pornografía infantil;
  • Ø Se incrementan las penas de tres hasta 30 años de prisión.

Por su parte, la senadora panista María Elena Álvarez mencionó la importancia de las reformas aunque al mismo tiempo se requiere establecer una política social justa que apoye a las familias para que éstas den a los menores posibilidades educativas y no se vean obligadas, para subsistir, a lanzar a los niños a un trabajo prematuro, a la mendicidad y aun a la pornografía. 

LEY DE PROTECCIÓN A LA NO DISCRIMINACIÓN 

Aglutinadas en torno a la Campaña “Acceso a la justicia para las Mujeres” alrededor de 40 organizaciones impulsaron una serie de actividades entre las que destacan la revisión minuciosa de artículos constitucionales, elaboración de propuestas a reformas legislativas, campañas publicitarias de sensibilización, negociaciones con las distintas fracciones que conforman las Asambleas Legislativas, etcétera.

 Producto de este trabajo y de la participación ciudadana en los Foros Legislativos “Diversidad Sexual y Derechos Humanos” y “El adulto mayor por una sociedad integral en el siglo XXI”; la Primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el pasado 2 de septiembre un paquete de reformas al Código Penal del Distrito Federal entre las cuales destaca el contenido del título decimoséptimo bis, relacionado con los delitos contra la dignidad de las personas, cuyo capítulo único, el Artículo 281 bis, específica que:

“Se impondrá pena de uno a tres años de prisión, de cincuenta a doscientos días de multa y de veinticinco a cien días de trabajo a favor de la comunidad al que, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud:

  1. I.              Provoque o incite al odio o a la violencia;
  2. II.            En ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;
  3. III.         Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas cuando dichas conductas tengan por resultado un daño material o moral;
  4. IV.           Niegue o restrinja derechos laborales.

Al que, siendo Servidor Público, incurra en alguna de las conductas previstas en este artículo o niegue o retarde a una persona un tramité o servicio al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo, además se le suspenderá e inhabilitará para ocupar algún otro cargo en la administración pública por cinco años. Este delito solamente se perseguirá por querella de la parte ofendida o de su legítimo representante”.

 Sin duda se trata de un avance histórico que beneficia a grupos que han sufrido discriminación: las mujeres (especialmente las embarazadas), l@s indígenas, l@s niñ@s, las personas con alguna discapacidad, la población adulta mayor, las lesbianas y homosexuales, las personas que viven con VIH/Sida y todas aquellas personas que en la cotidianidad son objeto de prácticas discriminatorias.

LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO 

La LV Legislatura del Congreso del estado de Guerrero aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.

En 1996 la Secretaría de la Mujer del estado elaboró una propuesta de ley que fue presentada y discutida por especialistas en el tema en un Foro de Análisis y Consulta con lo que se enriqueció el proyecto.

La ley ahora aprobada contempla la creación del Consejo Estatal para la Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar que fungirá como un órgano de apoyo, consulta, evaluación, normativo y de coordinación de las tareas y acciones que en materia de prevención de la violencia intrafamiliar se realizan.

 Algo muy importante es que el gobierno del estado ha buscado el apoyo de ONG y especialistas del tema para retomar toda la experiencia acumulada e incorporada en una propuesta al marco jurídico local que sea realmente efectiva.