Agenda afirmativa Año 2 No. especial 9-10 Enero-febrero 2001

 

El presupuesto público y las mujeres

Ma. Concepción Martínez Medina

 

El pasado mes de diciembre se llevó a cabo la discusión sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el año 2000 en la Cámara de Diputados.

La propuesta presentada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Ángel Gurria enfrentó la mayor participación opositora que se ha registrado en la historia de nuestro país, tachándola de “inaceptable·, “insuficiente” y “electorera”; por lo que el bloque parlamentario conformado por los diputados del PAN y PRD presentaron un presupuesto alterno.

El gobierno propuso un gasto neto de un billón 187 mil millones de pesos mientras que la oposición pidió reasignar el gasto en 15 mil 500 millones de pesos.

Las diferencias entre las dos propuestas se ubican en seis temas de orden cualitativo: convenios de desarrollo social, calendarización del gasto, utilización de los excedentes de ingresos, reducción de bonos y prerrogativas de funcionarios públicos, condicionamientos al IPAB hasta que se entregue la lista de quienes provocaron el quebrando bancario y reducción de la publicidad gubernamental; y en seis de carácter cuantitativo: reducir el monto asignado al IPAB, y aumentar los rubros dirigidos a jubilados y pensionados, Fondo de Aportaciones a las Entidad Federativas, gasto social, comercialización de granos básicos y vivienda.

En materia de recursos económicos las diferencias fueron únicamente de cuatro mil millones de pesos; el gobierno se mantuvo en su negativa de moverse de los 11 mil 500 millones de pesos en reasignaciones y la oposición no cedió en su solicitud de 15 mil 500 millones.

Las sesiones en la Cámara –que se fueron a periodos extraordinarios- se caracterizaron por sus jornadas intensas de trabajo, en muchos momentos caóticas, llenas de encuentros y desencuentros.

La discusión más que económica se centró en el aspecto político y la lucha por los espacios ya que como algunos analistas lo señalaron en su momento, “Un aumento de 17 millones de pesos en el gasto público, que genere un déficit de 1.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), no significaría ninguna catástrofe para las finanzas públicas ni mucho menos el preámbulo para una crisis en el 2000”[1] como lo hizo ver el Secretario de Hacienda.

La cúpula empresarial manifestó su descontento ante la falta de acuerdos “… la iniciativa privada advirtió que de no probarse el presupuesto de gasto México podría caer en una situación de ingobernabilidad y ésta no es la democracia que queremos”[2]

Finalmente la propuesta oficial, apoyada por el bloque PRI-PT se aprobó aunque incluyendo reasignaciones propuestas por la oposición. El disgusto presidencial fue evidente al señalar que dichos reajustes se traducirán en recortes al gasto público y en la petrolización de al menos 7 mil 500 millones de pesos para poder acatar lo aprobado por la Cámara de Diputados.

La discusión del presupuesto mostró la capacidad de las fuerzas políticas para definir consensos mínimos en torno hacia dónde se dirige el desarrollo del país; sin embrago, se deja de lado una discusión mucho más profunda y que tiene que ver con la asignación del presupuesto y en cómo afecta éste la vida cotidiana de hombres, mujeres, niños y niñas.

En el caso de las mujeres tenemos una participación muy limitada dentro del presupuesto. A nivel de toma de decisiones, no tenemos acceso a los mecanismos para decidir sobre el destino del gasto ni a mecanismo de evaluación del mismo. Por otra parte, el monto del presupuesto dirigido específicamente a mujeres es insuficiente (la estimación más optimista señala que en 1999 no alcanzó ni el 5% del presupuesto total); y aunque podría pensarse que corresponde la mitad del gasto social en general, no hay que olvidar que las mujeres enfrentamos profundas desventajas sociales y una marcada desigualdad en el acceso a los recursos y los servicios.

El presupuesto tiene que reconocer las dificultades que viven las mujeres en su cotidianidad para optimizar recursos; superar la visión asistencialista hacia las mujeres como un grupo vulnerable y reconocer que tenemos derechos políticos y económicos sobre el control de los recursos y sobre la toma de decisiones de los mismos. Y es en éste ámbito donde las mujeres tenemos que empezar a incidir.



[1] Alfredo Coutiño Zavala, director de Análisis de Ciemex-WEFA, Héctor Chávez, director de Análisis del Grupo Financiero Serfín, Edgar Amador, director para América Latina de Stoner y McCarthy y Pablo Alvarez Icaza, director de Estudios Económicos de Bursamétrica Management. El Financiero. Martes 14 de diciembre de 1999. Secc. Finanzas. P. 8

[2] .González Víctor, Víctor Chávez y Gerardo Flores. “Tercera vía para destrabar el gasto del 2000, explora en el Congreso. El Financiero. 17 de diciembre de 1999. Primera plana.