Agenda afirmativa Año 2 No. especial 9-10 Enero-febrero 2001

Iniciativa sobre violencia de género y violencia familiar para Baja California Sur*

 

Integrantes de Diversa, APN y el Centro Mujeres A.C., ambas asociaciones de mujeres de Baja California Sur elaboraron una Iniciativa de ley para la reforma, derogación y adición del: Código Civil, Código Penal, Código de Procedimientos Civiles y Código de Procedimientos Penales para la Protección a las Víctimas de los delitos de Género, Discriminación y de la Violencia Familiar

En la exposición de motivos de esta iniciativa se menciona que en Baja California Sur, la problemática sobre violencia familiar, especialmente contra las niñas y las mujeres se refleja en las cifras aportadas por la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y al Menor (SAMM), las cuales indican que el 89% de los delitos denunciados ante esta instancia refieren al abuso sexual. Asimismo, la violencia contra los hijos e hijas es tolerada legalmente en Baja California Sur, por ejemplo, sigue vigente como derecho “corregir a los hijos”, cuestión que legitima el maltrato y abuso de las y los niños en el espacio doméstico.

La propuesta contempla reformar, adicionar y/o derogar capítulos del Código Civil relacionados con: el divorcio, violación dentro del vínculo conyugal, ampliación de derechos para el concubinato, disolución del concubinato, parentesco civil, patria potestad, eliminar el ser portador de VIH como un impedimento para contraer matrimonio. Del Código Penal, en capítulos relacionados con: violación, reparación del daño, delitos contra la salud, violencia familiar, violación dentro del matrimonio o concubinato, delitos contra la familia, trata de personas y lenocinio. Para el Código de Procedimientos Penales, en el capítulo referido al Careo, se establece la posibilidad de careo supletorio, cuando se trate de menores de dieciocho años.

La propuesta de Iniciativa de Ley se presentó el siete de abril de 1999 a la Comisión de Equidad y Género del Congreso. Después de siete meses, el 20 de Octubre se presentó a la fracción del Partido Acción Nacional, quién se interesó en apoyarla y presentarla ante el pleno del congreso. La lectura estuvo a cargo del Dip. Víctor Martínez de Escobar, quién le remitió a las comisiones de Equidad y Género presidida por la Dip. Patricia Ramírez del Partido Revolucionario Institucional, Asuntos de la familia presidida por la Dip. Siria Verdugo del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo y a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, presidida por el Dip. Javier Gallo del PRD-Pt.

Actualmente la ley se encuentra en proceso de revisión. Para este proceso se formó una comisión propuesta por el Instituto de la Mujer y por diputados de las comisiones. Uno de los temas que ha causado debate, es el considerar al delito de violación contra la cónyuge como una causal del divorcio necesario. Los señores Diputados no están de acuerdo con el término “violación entre cónyuges” y pretenden desagregarlo de la iniciativa de ley.

 

*Agradecemos la información proporcionada por Anitzel Ramos de Diversa, APN, para la elaboración de esta nota.

Las mujeres y el acceso a la justicia en la Reforma al Código Civil del Distrito Federal

Pilar Muriedas Juárez

 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene entre una de sus tareas más importantes reformar el Código Civil y de Procedimientos para el Distrito Federal. Para la realización de esta tarea se ha conformado un grupo plural de trabajo encargado de diseñar un anteproyecto que será puesto a consideración de la sociedad política y civil de la ciudad y posteriormente pasar su aprobación.

Tal como sucedió con el proceso de reformas al Código Penal las organizaciones de la sociedad civil capitalina cuentan con propuestas encaminadas a garantizar el mejor acceso a la justicia para aquellos sectores que históricamente han sido favorecidos por la inequidad en la impartición de justicia.

En particular, las organizaciones de mujeres están discutiendo y promoviendo una iniciativa que ha sido elaborada con mucho tiempo de anticipación por dos organizaciones del movimiento feminista mexicano: el Grupo de Educación Popular para Mujeres, A.C. (GEM) y Defensa jurídica y educación para mujeres S.C “Vereda Themis” integradas por expertas en el tema de los derechos civiles de las mujeres mexicanas.

Para elaborar la propuesta que harán llegar las organizaciones de mujeres a la Asamblea Legislativa, las especialistas han revisado con detenimiento los códigos civiles vigentes en la República Mexicana y como marco de referencia, las legislaciones más avanzadas de otros países, con el objeto de contribuir a que el nuevo Código Civil del D.F. sea instrumento actualizado para defender efectivamente los derechos de las mujeres y sus descendientes en materia de lo familiar.

En el documento base titulado “propuesta de Reformas, Adiciones y Derogaciones para el Libro Primero del Código Civil del Distrito Federal” que presentarán las organizaciones de mujeres, se contemplan aspectos relacionados con el uso del lenguaje para hacer real el principio de la no discriminación. Se propone utilizar palabras que visibilicen a los dos sexos, evitando la inclusión de uno en otro, el ocultamiento o la omisión de alguno de ellos. Los genéricos que expresen la incorporación de ambos sexos (infantes, descendientes, cónyuges, personas, etc.) podrán ser utilizados siempre que no impliquen renuncia en ningún derecho específico de alguno de ellos.

Se propone modificar el titulo de filiación eliminando la discriminación entre hijos e hijas por haber nacido fuera del matrimonio. Ni el padre ni la madre pueden dejar de reconocer a su hijo o hija. Cuando no sea presentada la copia certificada del acta de matrimonio, y el padre o la madre no acuda a reconocerlo, el progenitor que acuda deberá señalar el nombre del otro por sí y no por apoderado. Dicho nombre quedará asentado como si personalmente el padre o la madre señalado hubiere reconocido al hijo, a menos que se demuestre ante los Tribunales, que no es real dicha paternidad o maternidad. Para ello se cuenta con la tecnología necesaria que permite conocer la relación de consanguinidad a través de un examen sin necesidad de confesiones, testigos u otras pruebas. Asimismo se sugiere que el orden de los apellidos sea el que los progenitores decidan, por lo que el juez deberá preguntar el orden elegido en el momento de registrar al o la descendiente.

Por otro lado, el Código Civil actual identifica un solo tipo de familia; sin embargo, según diversas investigaciones, en México existen seis tipos distintos. A nivel sociológico igualmente existen múltiples formas de uniones familiares y la realidad social de este tipo de uniones debe de plasmarse en los cuerpos legales para una real adecuación y equiparación sociedad-ley. Para ello se propone que en artículo 140 se establezca que las relaciones jurídicas constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas vinculadas por lazos de parentesco y que su regulación sea de orden público o interés social.

Además se declara la necesidad de que exista una definición de matrimonio, de la cual carece el actual Código Civil, para protección de la propia familia, la propuesta dice “El matrimonio es la institución de carácter público e interés social, mediante la cual dos personas deciden como una vía de desarrollo personal, establecer comunidad de vida familiar”.

Se pretende suprimir el término de concubinato puesto que la palabra, desde la ley, ha marginado y subordinado a muchas mujeres respecto a la esposa y a la valoración que de las personas, al margen de su estado civil, se debe tener. Bajo la figura de concubinato han desaparecido derechos irrenunciables que deben ser salvaguardados. Las organizaciones de mujeres proponen sustituirlo por “uniones de hecho” relaciones constituidas por la unión de dos personas que decidan establecer una comunidad familiar por periodo mayor de un año, por el cual se generan los mismos derechos y obligaciones que para el matrimonio y su disolución.

Con el establecimiento legal de las uniones de hecho se estará avanzando también en la no discriminación por causa de orientación sexual. Esta propuesta se fundamenta en la recién reforma al Código penal del D.F. que considera delito la discriminación por orientación sexual, además se retoman leyes de países europeos caracterizados por la búsqueda de la equidad y la igualdad entre todas las personas.

Un aspecto que se sigue discutiendo y en el que aun no hay acuerdo entre las organizaciones, se refiere a la edad mínima para contraer matrimonio. El documento establece que “Para contraer matrimonio tanto el hombre como la mujer necesitan haber cumplido 18 años” y sólo posibilita como excepción, que las personas hayan cumplido 16 años y exista embarazo. La juventud –dice- en esa edad, debe prepararse para ejercer su ciudadanía plena en el futuro. La ley debe velar porque así sea.

Con respecto a los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio se propone que las parejas están obligados a respetarse y a contribuir cada uno al buen funcionamiento del hogar así como a decidir, en común acuerdo, el número y espaciamiento de sus hijos. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, al trabajo doméstico, a su alimentación y a la de sus hijos así como a la educación y demás necesidades de las personas que conforman la familia. El trabajo en el hogar y para la familia será computado como contribución económica con el mismo valor del que aporte el otro cónyuge. La obligación de los padres de contribuir al sostenimiento de los hijos será siempre que estos sean menores y después, cuando no hayan concluido su formación por causas que no les sea imputables. El trabajo realizado en el hogar dará derecho a obtener una participación del 50% sobre los bienes del otro cónyuge.

Se propone incorporar la violencia intrafamiliar como causal de divorcio y sustituir el adulterio por infidelidad sexual. El juez deberá decretar la salida del cónyuge demandado cuando el divorcio sea solicitado por violencia o malos tratos, así mismo se dictaran las medidas adicionales que garanticen la seguridad integral de los miembros de la familia, impidiendo el acercamiento de los maltratos.

A lo largo del documento arriba mencionado se puede apreciar la intención expresa de defender los derechos no sólo de las mujeres sino de los descendientes, por ello se proponen medidas legales que garanticen el bienestar que los padres deben procurarles en cualquier situación.

Reflexiones y debates intensos se esperan durante el proceso de aprobación de las reformas del Código Civil de la capital, sin duda una gran oportunidad para avanzar en el acceso a la justicia de las mujeres en materia de lo familia.