En México, el trabajo parlamentario democrático y plural inicia en 1997, cuando por primera vez las elecciones intermedias fueron organizadas por el Instituto Federal Electoral como un órgano independiente. El resultado de estas elecciones, fue que el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría absoluta, que mantuvo por casi 70 años, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tiempo durante el que este partido hegemónico marcó las pautas para legislar y definir la política social y económica del país. Esta dinámica en el poder legislativo, no sólo implicaba reglas distintas en el nuevo escenario para los legisladores de oposición, sino también para la sociedad civil organizada.

Por ello, en 1998 tres organizaciones del movimiento feminista mexicano: Salud Integral para la mujer, A.C., Fundación para la Equidad, A.C. y Equidad de Género, Familia y Trabajo. A.C.,  decidieron crear una organización sin fines de lucro, con autonomía de los partidos políticos y el gobierno, con el fin de establecer puentes de interlocución entre las organizaciones de mujeres y los congresistas en México y lograr un marco jurídico favorable con una perspectiva de los derechos de las mujeres y la no discriminación. Así nace Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, como la primera iniciativa ciudadana en México que, desde entonces, dedica sus esfuerzos y recursos exclusivamente a impulsar, acompañar, difundir, dar seguimiento y evaluar procesos legislativos.

La transición a la democracia del país, todavía no se traduce en el mejoramiento de los niveles de vida de la población. En ese sentido, las mujeres han sido y son las más afectadas por las políticas económicas del sistema mexicano; enfrentan diariamente el encarecimiento del costo de la vida, el desempleo, la escasez de servicios públicos, la falta de impartición de justicia y la impunidad, además de la violencia y la discriminación de género en los ámbitos públicos y privados que merman su calidad de vida. Aún quedan modificaciones legislativas importantes para que las mujeres mexicanas tengan igualdad de oportunidades y acceso a la justicia, sobre todo en el campo de los derechos laborales, rurales, reproductivos y sexuales así como en el terreno de la participación política.